Impuestos municipales


En Costa Rica, los impuestos territoriales son administrados y recaudados por gobiernos locales correspondientes al cantón donde la propiedad está situada, los que se denominan Municipalidades, y esos dineros son directamente utilizados en beneficio de las mismas entidades y del cantón en concreto. Estos impuestos son pagados a una tasa del 0.25% del valor de la propiedad, según lo declarado por el contribuyente y lo aceptado por la Municipalidad.

Cuando los impuestos territoriales se encuentran al cobro, todos los propietarios del cantón deben acercarse a la respectiva Municipalidad, brindar el número de propiedad ("folio real") y el nombre e identificación de su dueño. Si la transacción mediante la cual el actual dueño adquirió la propiedad no fue reportada a dicha entidad, antes de proceder con el pago se deben presentar los documentos probatorios del traspaso para que los registros sean actualizados.

Los impuestos territoriales deben cancelarse cada trimestre, sin embargo, es posible prepagar todo el año completo, lo que es muy recomendable si los fondos están disponibles, de manera que puedan aprovecharse descuentos sustanciales otorgados por la mayoría de las Municipalidades en virtud del pago anticipado. Además, el prepago es aconsejado también por razones prácticas como son no olvidar los próximos pagos y no tener que administrar los mismos desde lejos.

Si el propietario del inmueble incumple con los pagos de sus impuestos, y aunque nunca haya recibido un comunicado requiriendo el pago, su propiedad se encuentra sujeta a procesos de cobro judicial por parte de la Municipalidad. Es por ello que mantener al día los pagos y los registros con la Municipalidad es tan importante.

Cuando el elemento distancia es un factor a ponderar, muchas Municipalidades ofrecen el cálculo de los montos adeudados por vía de consulta telefónica, y el pago puede realizarse a través de un depósito en una cuenta de la Municipalidad con un banco local, seguido por el envío del comprobante de depósito a la entidad vía fax, lo que continuará con la remisión también por medio de fax, por parte de la Municipalidad, de un recibo de pago. No obstante lo anterior, este mecanismo, el cual al menos simplifica el procedimiento, puede constituir un reto, especialmente en cuanto a la acreditación correcta de los fondos y al pre-requisito de registro del actual propietario con la Municipalidad.

La ley también establece que las propiedades deben ser revaloradas cada cinco años y que se debe realizar una declaración jurada por parte del propietario ante la Municipalidad para esos fines. Después que la declaración jurada se ha hecho, el valor de la propiedad es calculado y determinado por la Municipalidad, de acuerdo con distintas variables, tales como la cantidad de metros de frente a calle pública, la ubicación, el área total del inmueble y, de ser aplicable, el área total de construcción, entre otras. Si esta declaración jurada no es presentada en el plazo requerido, el propietario estará sujeto a tasaciones frecuentemente arbitrarias por parte de la Municipalidad, lo que contrasta con mayores posibilidades de negociar la determinación de un valor justo si el requisito es cumplido de manera voluntaria.

Otros cargos sobre las propiedades que son usualmente cobrados por las Municipalidades son conocidos generalmente como impuestos municipales, y cubren, entre otras cosas, caminos locales, recolección de basura y mantenimiento del alumbrado público.